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Condena al cártel Audi y Volkswagen

La Audiencia Nacional confirma la existencia de un cártel formado por concesionarios de Audi y Volkswagen

Contacta con nosotros y estudiaremos si tienes derecho a reclamar

La Audiencia Nacional ha confirmado que concesionarios de las marcas Audi y Volkswagen pactaron los precios de venta al público de los vehículos para su propio beneficio. Un total de 95 concesionarios de toda España se beneficiaron de este acuerdo ilícito desde el año 2006 hasta 2013. Esto provocó que miles de personas se vieran afectadas por adquirir vehículos de estas dos empresas a precios establecidos de manera desproporcionada.

En mayo de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había sancionado a las compañías con una multa de 2,23 millones de euros por acordar los precios así como las condiciones comerciales. Ahora la Audiencia Nacional está confirmando las multas. Al parecer, las empresas actuaron con un plan preconcebido,. Su objetivo era obtener importantes beneficios en detrimento de los consumidores. Esto está calificado como una conducta anticompetitiva.

¿Cómo se han visto afectados los compradores?

La conducta adoptada por las empresas concesionarias tuvo un efecto directo sobre los consumidores. Éstos no pudieron disfrutar de mayores ventajas comerciales, adquiriendo los vehículos en unas condiciones menos beneficiosas que en un entorno de libre competencia.

La sentencia emitida el 26 de marzo de 2019, abre la puerta a posibles reclamaciones por parte de los compradores. Éstos podrían reclamar el sobrecoste sufrido como consecuencia del pacto de precios de los concesionarios para encarecer los vehículos.

Si eres uno de los afectados, nuestro despacho cuenta con un que podría ayudarte a reclamar ese sobrecoste.

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, de modo que desde Martínez Sanz Abogados estaremos pendientes de la evolución de este asunto y de la decisión que adopta el Alto Tribunal en caso de que los concesionarios decidan recurrir el pronunciamiento de la Audiencia Nacional.

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