El pasado 3 de agosto el Gobierno sacó a trámite de audiencia pública el Anteproyecto de ley de reforma de la Ley concursal para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva; un texto normativo, sin duda, repleto de innumerables novedades en materia concursal y pre-concursal a nivel nacional, cuya transcendencia (a distintos niveles) puede llegar a ser de gran calibre en nuestro país.
Es por ello, que, pese al breve plazo de tiempo concedido y, sobre todo, pese a las fechas estivales en que nos encontramos, nuestro director, Fernando Martínez Sanz, ha formulado sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal, que han quedado presentadas ante el Ministerio de Justicia en el día de ayer.
Como se indica en dicho escrito, no todas las soluciones por las que opta esta regulación son criticables, al contrario. Pero se considera que el mismo puede (debe) ser objeto de mejora (o al menos, de una enorme reflexión), máxime teniendo en cuenta las enormes dificultades por las que atraviesan muchas empresas en nuestro país.
Y es que, pese a que la norma anteproyectada se anuncia como “flexibilizadora y agilizadora” y “con la mínima reforma de la actual normativa” (así se proclama expresamente en su Exposición de Motivos), no es esto lo que deja traslucir su contenido, tal y como se expone en el conjunto de alegaciones presentadas.
Sólo hace falta observar el aluvión de críticas afloradas desde que se publicara el Anteproyecto por parte (ni más ni menos) de aquellos profesionales que se dedican e intervienen profesionalmente en el proceso concursal para darse cuenta de que las medidas legislativas propuestas no son las más acertadas ni han contado con la adecuada reflexión. El que se haya dado a conocer el Anteproyecto en pleno mes de agosto (que tradicionalmente es el mes de descanso para la mayoría de los profesionales del derecho) muy probablemente tenga que ver con el deseo de minimizar las reacciones en contra.
