La finalidad de la Ley de Segunda Oportunidad es presentar el “perdón de deudas” que beneficia a las personas físicas de buena fe. Es decir, el consumidor o el autónomo tiene la posibilidad de no llegar al fracaso empresarial o particular.
Su objetivo es exonerar de deudas a consumidor y autónomo, aligerar la carga financiera y otras medidas de orden social. La Ley de Segunda Oportunidad se encuentra regulada por la Ley 25/2015, de 28 de julio. Y vela por los intereses de todos aquellos particulares o pequeños empresarios que quieren volver a empezar desde cero. Dicha ley permite renegociar la forma en que se devolverán las deudas. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, un juez podría cancelarla o exonerar de la misma al deudor.
Esta ley engloba a todos los empresarios, autónomos o particulares que se encuentran en situaciones extremas y que quieren reconducir su fracaso empresarial o particular. En muchas ocasiones las deudas nacen de la propia actividad profesional, que no ha dado los frutos que se esperaban o que no se ha cumplido el calendario de pago previsto. Desde 2016 esta Ley se ha ampliado a particulares y autónomos que no pueden afrontar sus impagos.
Se deben cumplir dos requisitos fundamentales.
Se considera que el empresario, autónomo o particular ha obrado de buena fe si:
La propuesta de acuerdo extrajudicial podrá contener cualquiera de las siguientes medidas:
Además, toda propuesta debe incluir un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento y un plan de viabilidad.
No se alcanzará un acuerdo si al término del plazo de dos meses el notario o mediador considera que no es posible alcanzar este. Será cuando inste el concurso del deudor en los diez días contiguos, remitiendo al juez un informe con las conclusiones. Aquí es cuando se inicia el trámite judicial.
El proceso que implica la Ley de Segunda Oportunidad requiere la actuación de letrados con experiencia y altamente cualificados en materia concursal, con el fin de que el trámite sea exitoso.
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Aquella deuda que queda pendiente tras una subasta y tras la ejecución de un inmueble.
Desde la sentencia de 2 de julio de 2019 el Tribunal Supremo ha ampliado la capacidad de los Juzgados para actuar sobre las deudas contraídas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.
El mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad se cumple cuando el deudor haya actuado de buena fe, en este caso sí. Por ello, si se entiende que el deudor actua de mala fe, las deudas no desaparecen para siempre.
Dicho procedimiento se inicia por medio de una solicitud que se presenta ante notario. Dicha solicitud incluye un inventario con el efectivo y los activos líquidos de los que dispone el empresario, autónomo o particular. Además de los bienes y derechos de que sea titular y los ingresos previstos.
¿Qué pasos da el notario tras recibir la solicitud?
Una vez le llega al notario la solicitud, este debe contrastar y verificar toda la documentación aportada y la procedencia de la negociación del acuerdo extrajudicial de pagos. Tras ello el notario procederá a:
¿Qué consecuencias tiene la solicitud de la Ley de Segunda Oportunidad?
Según si la postura de deudor o acreedor hay diferentes consecuencias.
Para el deudor:
Para los acreedores:
La finalidad de la Ley de Segunda Oportunidad es presentar el “perdón de deudas” que beneficia a las personas físicas de buena fe. Es decir, el consumidor o el autónomo tiene la posibilidad de no llegar al fracaso empresarial o particular.
