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La venta de unidades productivas a través del pre-pack

Entre las novedades introducidas por la tan comentada Ley de reforma del Texto Refundido de la ley concursal se encuentra la regulación, aunque todavía pendiente de ciertas matizaciones, de la venta de unidades productivas a través del “pre-pack”, fórmula adoptada de la legislación anglosajona que ya se venía aplicando por algunos juzgados españoles de forma «alegal».

Lo que en definitiva ha pretendido esta norma es legislar la tramitación del procedimiento de venta de empresa en funcionamiento en una coyuntura de crisis empresarial. La norma prevé que el deudor solicite el nombramiento de un experto para recabar ofertas de adquisición de una unidad productiva concreta. De esta manera será posible separar el negocio que pudiera seguir siendo rentable del resto de la sociedad, aunque por supuesto se pueda transmitir la empresa completa.

La posible rentabilidad del negocio o la propia denominación de “empresa en funcionamiento” no impide que la unidad productiva a la venta pueda haber cesado la actividad, incluso se plantea en casos de reapertura de establecimientos cerrados.

A partir de aquí surgen todas las alternativas imaginativas acerca de hasta dónde llega, o qué abarca, el concepto de «empresa en funcionamiento» en el marco de la insolvencia: si podemos hablar de pre-pack en el caso de negocios que hayan perdido la licencia o autorización para operar e incluso tras el lanzamiento del local en el que se realizaba la actividad. Desde la perspectiva de los trabajadores afectos también se está discutiendo si podemos considerar un negocio sin que existan trabajadores que lo desarrollen, cuestiones todas ellas que tendrán que ser resueltas con la aplicación de la norma por los juzgados. Especial interés tendrá la futura jurisprudencia y la práctica para que los posibles deudores interesados en acudir a esta figura tengan criterio suficiente para elegir como mejor opción el pre-pack o se decidan por la solicitud de concurso con presentación de oferta de adquisición de unidad productiva, por ejemplo, posibilidad que sigue prevista en la actual redacción de la ley concursal, o que la venta del negocio se produzca en un momento posterior, ya en fase de liquidación.

Sí se prevé en el articulado legal todo lo relativo a la remuneración de los honorarios del experto y la obligación del adquirente de mantener la actividad durante dos años, con la advertencia de que el incumplimiento de este compromiso pueda dar lugar a que cualquier afectado reclame la indemnización de los posibles daños y perjuicios causados. Entre las funciones del experto se encuentra fundamentalmente la de recabar ofertas, previendo incluso que su remuneración pueda depender total o parcialmente del resultado.

En todo caso, lo que sí está regulado en el texto es que la solicitud del experto en reestructuración no impide que el deudor deba acudir a concurso de acreedores dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la que conociera o debiera conocer la situación de la insolvencia, como en cualquier otro caso, es decir, acudir al pre-pack o solicitar el nombramiento de experto, no exime de la obligación de presentar concurso de acreedores que se tramitará, en su caso ante el mismo juzgado que hubiese nombrado al experto y de forma más rápida, pues se limitará a ejecutar la venta de esa unidad productiva. Incluso se prevé que el juez puede provocar o ratificar el nombramiento del experto, cuyos honorarios tendrán la consideración de crédito contra la masa en el eventual concurso.

En definitiva podemos concluir que quedamos a la expectativa de ver cómo se va resolviendo con la práctica esta nueva figura que sin duda va a facilitar la seguridad jurídica de la transmisión de los negocios en funcionamiento con el paraguas que proporciona la aprobación judicial.

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Cristina Gasanz Eguiagaray.Abogada Senior y Directora Oficina Madrid