{"id":13140,"date":"2025-12-01T13:38:40","date_gmt":"2025-12-01T11:38:40","guid":{"rendered":"https:\/\/martinezsanzabogados.com\/?p=13140"},"modified":"2025-12-01T13:41:04","modified_gmt":"2025-12-01T11:41:04","slug":"la-venta-de-unidades-productivas-en-el-procedimiento-especial-de-microempresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/martinezsanzabogados.com\/en\/la-venta-de-unidades-productivas-en-el-procedimiento-especial-de-microempresas\/","title":{"rendered":"La venta de unidades productivas en el procedimiento especial de microempresas"},"content":{"rendered":"

Desde la reforma operada por la Ley 16\/2022, de 5 de septiembre, los empresarios que no exceden determinados umbrales han de recurrir al denominado procedimiento especial de microempresas del Libro Tercero (en adelante, referido en ocasiones como PEM) para afrontar su situaci\u00f3n de insolvencia, en lugar del concurso de acreedores. En concreto, se trata de las empresas que hayan empleado en el a\u00f1o anterior a la solicitud del procedimiento especial una media de menos de diez trabajadores y tengan un volumen de negocio anual inferior a setecientos mil euros o un pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros<\/strong> (art. 685.1 TRLC).<\/p>\n\n\n\n

Si bien este tipo de deudores, en principio, han de ajustarse imperativamente a las normas de dicho Libro tercero (vid. art. 1.2 TRLC), se puede afirmar que las microempresas disponen casi de las mismas herramientas que se contemplan dentro del concurso de acreedores. Y es que, justamente en lo que se refiere a la venta de unidades productivas de microempresas, la Ley ordena estar (salvo alguna matizaci\u00f3n) a lo dispuesto en el Libro primero (que es el que regula el concurso de acreedores) (art. 710.1 TRLC).<\/p>\n\n\n\n

Sentado esto, es muy posible que el empresario que atraviese dificultades econ\u00f3micas quiera intentar vender su empresa; o, a la inversa, cabe pensar en que un inversor tenga inter\u00e9s en comprar una de dichas empresas. Lo que sigue es un breve resumen de las principales alternativas que brinda la Ley para estos casos. Ni que decir tiene que resultar\u00e1 mucho m\u00e1s ventajoso para el comprador adquirir la empresa en concurso (o, PEM en nuestro caso) que hacerlo fuera de dicha situaci\u00f3n, por las consecuencias en materia de sucesi\u00f3n de empresa o de responsabilidad solidaria por las deudas tributarias (en cuyos detalles no se puede entrar en este lugar).<\/p>\n\n\n\n

Distintas posibilidades de vender la Unidad productiva<\/h2>\n\n\n\n

De entrada, el deudor podr\u00eda optar por presentar solicitud de procedimiento especial con oferta vinculante de compra (art. 710.2 TRLC, que remite expresamente al art. 224 bis). Tambi\u00e9n podr\u00eda solicitarse por el deudor la designaci\u00f3n de experto para recabar ofertas de compra (el llamado \u201cpre packer\u201d), si bien con alguna particularidad relevante. Y es que no parece que aplique en el PEM todo el r\u00e9gimen ordinariamente previsto para las sociedades \u201cordinarias\u201d (las que se acogen al concurso de acreedores) y, por ejemplo, no parece que pueda exigirse al adquirente de esa unidad productiva el compromiso de mantener la actividad durante un periodo m\u00ednimo de dos a\u00f1os que s\u00ed contempla el art. 224 septie<\/em>s TRLC. Y ello por la remisi\u00f3n que contiene el art\u00edculo 710, que ordena en el caso de las microempresas estar a \u201clas reglas de los art\u00edculos 224 bis<\/em> a 224 quater<\/em>\u201d, dejando fuera el art\u00edculo 224 septies<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Al margen de estas dos posibilidades, la unidad productiva es objeto de particular atenci\u00f3n dentro del procedimiento especial de liquidaci\u00f3n (que es uno de los dos cauces previstos, junto con el plan de continuaci\u00f3n). De hecho, es la soluci\u00f3n que la Ley considera preferible, al permitir conservar puestos de trabajo. Por ello, el plan de liquidaci\u00f3n tendr\u00e1 que contemplar dicha enajenaci\u00f3n siempre que sea ello posible (p.ej., porque a\u00fan exista actividad, viabilidad, o posibilidad de transmitir la UP) (art. 707.3). Sin \u00e1nimo de entrar ahora en detalles acerca de dicho plan de liquidaci\u00f3n (que elabora el propio deudor, como regla general), la ley exige que se acompa\u00f1e una valoraci\u00f3n de la propia unidad productiva (elaborada por un experto en valoraci\u00f3n de empresas o por un administrador concursal, si es que hubiera sido nombrado).<\/p>\n\n\n\n

Sobre la valoraci\u00f3n de la unidad productiva<\/h2>\n\n\n\n

En realidad, el proceso es un tanto complejo, m\u00e1xime teniendo en cuenta el tipo de empresas al que se dirige la norma. En efecto, si bien, como regla, la liquidaci\u00f3n dentro del PEM la suele acometer el propio deudor (art. 707 TRLC) (aunque s\u00f3lo sea por una cuesti\u00f3n de ahorro de costes), cuando se proceda a la venta de la unidad productiva (que, como sabemos, es la soluci\u00f3n prevalente) la valoraci\u00f3n deber\u00e1 hacerla un tercero: o bien el administrador concursal (si es que el deudor hubiese manifestado en la solicitud de apertura del procedimiento especial de liquidaci\u00f3n su voluntad de que este fuera designado: art. 707.1 TRLC) o bien un experto en valoraci\u00f3n de unidades productivas, cuyo nombramiento deber\u00e1 ser solicitado del juzgado siguiendo los tr\u00e1mites del art. 714 TRLC.<\/p>\n\n\n\n

Tanto la persona del nombrado como su retribuci\u00f3n se acordar\u00e1 por el deudor y acreedores que representen la mayor\u00eda del pasivo. De no existir acuerdo, el nombramiento y retribuci\u00f3n corresponder\u00e1 efectuarlo al Letrado de la Administraci\u00f3n de Justica de acuerdo con el sistema de designaci\u00f3n de peritos judiciales (art. 714.2 TRLC). El precepto a\u00f1ade que la retribuci\u00f3n ser\u00e1 satisfecha por el solicitante, pero si este fuera el deudor (lo que en la pr\u00e1ctica resultar\u00e1 frecuente), \u201cel cobro se producir\u00e1 tras la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito p\u00fablico privilegiado\u201d (que es cr\u00e9dito concursal). Es decir, tenemos que para cumplir un mandato legal (necesidad de valorar la UP) ha de recurrirse por fuerza a un profesional, que devengar\u00e1 unos honorarios contra la masa, pero que solo podr\u00e1n ser satisfechos tras el pago de ciertos cr\u00e9ditos concursales. A nuestro juicio, no tiene sentido alguno y supone otorgar a los organismos p\u00fablicos un privilegio injustificado.<\/p>\n\n\n\n

Sobre la forma de llevar a cabo la venta dentro del PEM: venta directo o subasta<\/h2>\n\n\n\n

Sea como fuere, la valoraci\u00f3n que se emita tiene mucha relevancia en el proceso de venta que dise\u00f1a el art. 710 TRLC. En efecto, la norma contempla que la unidad productiva de la microempresa se liquide de acuerdo con las reglas del Libro primero, pero teniendo en cuenta una serie de especialidades.<\/p>\n\n\n\n

Venta directa<\/h3>\n\n\n\n

De una parte, se\u00f1ala la Ley que la unidad productiva se podr\u00e1 adjudicar mediante venta directa siempre que el tercero ofrezca como m\u00ednimo un quince por ciento m\u00e1s del \u201cvalor acordado\u201d (hemos de entender que se refiere al que se desprenda del informe de valoraci\u00f3n) (art. 710.1.1\u00aa). No obstante, esa venta directa debe ser sometida a los principios de \u201cconcurrencia y transparencia\u201d, de modo que \u201clas condiciones generales y el precio fijado de acuerdo con la valoraci\u00f3n se notificar\u00e1n a los acreedores y se publicar\u00e1n en el Registro p\u00fablico concursal\u201d (art. 710.1.2\u00aa).<\/p>\n\n\n\n

Subasta<\/h3>\n\n\n\n

Pero, de otra parte, es muy posible que nadie est\u00e9 dispuesto a satisfacer ese quince por ciento adicional al valor que resulte del informe y no pueda, en consecuencia, ser objeto de venta directa. En tal caso, la unidad productiva tendr\u00e1 que ser objeto de venta mediante subasta (aunque la Ley no especifica que deba ser necesariamente \u201csubasta electr\u00f3nica\u201d, la plataforma del Servicio de Electr\u00f3nico de Microempresas contempla esta hip\u00f3tesis). Lo que s\u00ed menciona la norma son diversas condiciones a las que debe ajustarse la subasta. As\u00ed, la postura m\u00ednima (rectius<\/em>, \u201cprecio de adjudicaci\u00f3n\u201d) no podr\u00e1 ser nunca inferior a la suma de los bienes y derechos incluidos en el inventario (art. 710.1.4\u00aa TRLC), regla que sin duda trata de preservar el inter\u00e9s superior de los acreedores, aunque no se no aplica a sus \u201chermanas mayores\u201d (las deudores que entran en el Libro Primero), sin que resulte claro el motivo de esta discriminaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Informe-propuesta y resoluci\u00f3n judicial<\/h3>\n\n\n\n

En fin, el precepto termina diciendo que cuando haya varias ofertas que difieran en sus contenidos (en cuanto a la forma de garantizar la continuidad de la empresa, el mantenimiento de los puestos de trabajo o la satisfacci\u00f3n de los cr\u00e9ditos), habr\u00e1 de elaborarse (por el deudor o la administraci\u00f3n concursal) un informe-propuesta al juez, para que \u00e9ste resuelva teniendo en cuenta los intereses de los acreedores y de la contunuidad de la empresa a los que alude el art. 219 TRLC. Todo ello tras haber sido \u201co\u00eddos los representantes de los trabajadores\u201d (art. 710.1.5\u00aa). Parece olvidar la ley que estas normas del PEM se dirigen a empresas que no est\u00e1n obligadas a contar con representantes de los trabajadores.<\/p>\n\n\n\n

Observaci\u00f3n Final<\/h3>\n\n\n\n

Esta es tal vez la cr\u00edtica m\u00e1s seria que puede hacerse, no solo a este concreto aspecto, sino a todo el procedimiento especial del Libro tercero: el legislador ha dise\u00f1ado un proceso extraordinariamente complejo para la realidad social que est\u00e1 llamada a regular (el mundo de las microempresas). Ello, junto al propio funcionamiento deficiente de la plataforma inform\u00e1tica donde deben presentarse los formularios, hace que transitar por este procedimiento especial se convierta en un aut\u00e9ntico calvario para los profesionales implicados. Por ello, si en cualquier asunto jur\u00eddico es aconsejable un buen asesoramiento legal, en este lo es a\u00fan m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

Fernando Mart\u00ednez Sanz abogado especialista en compraventa de unidades productivas<\/a><\/p>\n\n\n\n

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