{"id":10732,"date":"2024-05-15T11:28:09","date_gmt":"2024-05-15T09:28:09","guid":{"rendered":"https:\/\/martinezsanzabogados.com\/?p=10732"},"modified":"2024-05-15T11:28:10","modified_gmt":"2024-05-15T09:28:10","slug":"administrador-financiacin-ico-covid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/martinezsanzabogados.com\/en\/administrador-financiacin-ico-covid\/","title":{"rendered":"Soy administrador de una sociedad que recibi\u00f3 financiaci\u00f3n ICO-COVID y tuve que avalar personalmente: \u00bfhay alguna esperanza?"},"content":{"rendered":"

Introducci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n
    <\/ol>\n\n\n\n

    En ocasiones anteriores ya nos hemos ocupado de la problem\u00e1tica que rodea a la financiaci\u00f3n extraordinaria concedida a las empresas durante la pandemia[1]. Se trata de la \u201cL\u00ednea ICO Avales Covid-19\u201d, regulada en el art\u00edculo 29 del Real decreto-ley 8\/2020<\/a>, de 17 de marzo, que aprob\u00f3 una l\u00ednea de avales del Estado para el mantenimiento del empleo y paliar los efectos econ\u00f3micos de la crisis sanitaria y en el art\u00edculo 1 del R.D.-L 25\/2020<\/a>, de 3 de julio.<\/p>\n\n\n\n

    Ahora empiezan a conocerse diversas resoluciones judiciales (algunas, ya de las Audiencias provinciales) que se pronuncian sobre varios de los temas m\u00e1s pol\u00e9micos, como era la posible rescisi\u00f3n de los pagos que se efectuaron con la liquidez que aportaron los bancos con esas l\u00edneas; o los efectos de los avales que firmaron los administradores o socios de las sociedades que recib\u00edan esa financiaci\u00f3n extraordinaria avalada por el Ministerio de Asuntos Econ\u00f3micos y Transformaci\u00f3n Digital, gestionado por el Instituto de Cr\u00e9dito Oficial (ICO). Por ello hemos cre\u00eddo conveniente actualizar algunas de aquellas ideas, una vez que los tribunales est\u00e1n empezando a \u201chablar\u201d.<\/p>\n\n\n\n

    Avales personales junto con el aval del ICO y su posible nulidad<\/h3>\n\n\n\n
      <\/ol>\n\n\n\n

      Es muy habitual (por no decir que es la regla general, al menos en pymes) que los pr\u00e9stamos y cr\u00e9ditos concedidos a las sociedades mercantiles durante la pandemia al amparo de las l\u00edneas ICO-COVID, se otorgaran con aval expreso del administrador, o administradores, o los socios de la sociedad que recib\u00eda la financiaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

      A partir de esta realidad son varias las cuestiones y los interrogantes que surgen, que tienen que ver con las circunstancias que concurrieron en el otorgamiento del aval y con las consecuencias de la reclamaci\u00f3n del importe de la deuda afianzada al avalista cuando la sociedad prestataria no puede hacer frente a la devoluci\u00f3n en los t\u00e9rminos previstos en la p\u00f3liza de pr\u00e9stamo o cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

      Suele argumentarse que, muy a menudo y pese a su enorme importancia, el avalista \u00fanicamente lleg\u00f3 a ser consciente de que firmaba la p\u00f3liza, no s\u00f3lo en nombre de la sociedad que representaba, sino tambi\u00e9n en su propio nombre y derecho como avalista, en el momento mismo de acudir a la notar\u00eda. Y aseguran esas personas que nunca antes se les inform\u00f3 por la entidad financiera de que ese pr\u00e9stamo o l\u00ednea de cr\u00e9dito extraordinario que recib\u00eda su empresa, con el aval del Estado, estaba en realidad siendo firmado por \u00e9l (o ella) en concepto de avalista para el caso de que la sociedad prestataria no pudiera hacer frente; o si fueron informados, lo que se les dijo es que garantizaban s\u00f3lo el 20% residual que no quedaba cubierto por el ICO cuando, en realidad, lo que pasaban a garantizar era el total de la cantidad que recib\u00eda la sociedad acreditada o prestataria. Y se reprocha tambi\u00e9n, con esa misma frecuencia, que fueron apremiados o inducidos por la propia entidad financiera para firmar, ante la urgencia de \u201cno perder la oportunidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n

      Es evidente que hay que tratar de huir de afirmaciones aprior\u00edsticas o de realizar juicios absolutos acerca de la manera en que las entidades de cr\u00e9dito manejaron internamente la comercializaci\u00f3n de estas p\u00f3lizas. Tendr\u00e1n que ser dichas entidades las que, llegado el momento, expliquen en sede judicial los tratos preliminares y la informaci\u00f3n precontractual que ofrecieron en el momento previo a la formalizaci\u00f3n de las operaciones, y si ello se ajustaba a las buenas pr\u00e1cticas en materia de contrataci\u00f3n bancaria y resultaba, en definitiva, transparente.<\/p>\n\n\n\n

      Pero, sea como fuere, no puede olvidarse la teor\u00eda general de obligaciones y contratos en materia de error en el consentimiento. Y es que, si bien es cierto que no resulta de aplicaci\u00f3n la normativa en materia de contrataci\u00f3n con consumidores (al ser la operaci\u00f3n firmada por alguien que actuaba en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico, en su condici\u00f3n de administrador de una sociedad mercantil), uno no puede evitar tener la impresi\u00f3n de que esas p\u00f3lizas se firmaron en circunstancias muy excepcionales y bajo una indudable presi\u00f3n. Y, como ya hemos dicho, no siempre se suministraba la suficiente informaci\u00f3n precontractual acerca de que la operaci\u00f3n de financiaci\u00f3n iba a ser garantizada personalmente por el administrador, o se le dec\u00eda que s\u00f3lo ten\u00eda que garantizar el 20% que no cubr\u00eda el aval p\u00fablico (cuando, en realidad, estaba avalando el 100 % de la operaci\u00f3n crediticia). Es decir, aunque no sea aplicable la normativa especial en defensa de los consumidores, sigue vigente lo dispuesto en el C\u00f3digo civil en torno al error como vicio del consentimiento contractual.<\/p>\n\n\n\n

      Por eso mismo algunas sentencias de los juzgados de primera instancia est\u00e1n empezando a estimar las demandas de nulidad de los avales, por error vicio en el consentimiento, como ocurre con la sentencia del juzgado de primera instancia n\u00famero 29 de Barcelona del pasado 2 de octubre de 2023, que acuerda la nulidad parcial de dichos avales personales, para terminar limitando las obligaciones asumidas por la avalista a un 20 % del importe total concedido, es decir, la parte no cubierta por el aval del ICO.<\/p>\n\n\n\n

      Ser\u00e1n los detalles concretos los que lleven a que casos como el descrito se puedan reproducir en otros supuestos, pero se nos antoja muy plausible que el mismo patr\u00f3n de conducta \u201cprecontractual\u201d se haya reproducido en otros muchos casos. \u00bfY ello por qu\u00e9? Porque exist\u00eda un inter\u00e9s evidente de las entidades financieras en cerrar las operaciones de financiaci\u00f3n al amparo de las l\u00edneas ICO-COVID y hacerlo, en la medida de lo posible, con las m\u00e1ximas garant\u00edas posibles (si pod\u00eda ser con aval de los administradores sociales, junto con el aval parcial del ICO, tanto mejor).<\/p>\n\n\n\n

      Sobre el destino dado a la financiaci\u00f3n ICO-COVID<\/h3>\n\n\n\n
        <\/ol>\n\n\n\n

        En efecto, han sido bastantes las ocasiones en que las entidades financieras concedentes de los pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos ICO destinaban la nueva financiaci\u00f3n a cancelar posiciones previas que manten\u00eda con ese cliente (pr\u00e9stamos o cuentas de cr\u00e9dito que, en la mayor\u00eda de los casos, carec\u00edan de cualquier garant\u00eda), por lo que se puede comprender perfectamente la premura e insistencia de las entidades en no dejar \u201cpasar el tren\u201d de la financiaci\u00f3n COVID, pues eran ellas las primeras interesadas en esa mejora de garant\u00edas (sal\u00edan de la notar\u00eda, no s\u00f3lo con un aval del Ministerio por el 80% de la financiaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n, en muchos casos, como hemos visto, con la garant\u00eda adicional del administrador social, por el 100%).<\/p>\n\n\n\n

        Precisamente este motivo (la financiaci\u00f3n nueva ven\u00eda destinada a cancelar deuda \u201cvieja\u201d) es lo que llev\u00f3 en alg\u00fan caso a solicitar la rescisi\u00f3n de los pagos cuando la sociedad prestataria fue declarada en concurso de acreedores. Son c\u00e9lebres las tres sentencias del juzgado de lo mercantil de Pontevedra que, en julio de 2023, estimaron las demandas de reintegraci\u00f3n contra tres entidades financieras planteadas por la administraci\u00f3n concursal, por entender que esos pagos lesionaban la paridad de trato de los acreedores. Lo que se razonaba era que la financiaci\u00f3n extraordinaria ICO-COVID, en esos concretos casos, hab\u00eda ido destinada, en su inmensa mayor parte, no a repartirse entre el conjunto de los acreedores, sino a satisfacer posiciones vencidas que esa sociedad manten\u00eda con las tres entidades financieras que concedieron la financiaci\u00f3n con aval ICO: en suma, que los bancos, mientras que con una mano conced\u00edan la financiaci\u00f3n, con la otra se cobraban las deudas. Y el resultado era que la nueva deuda que la sociedad contra\u00eda con la entidad financiera ten\u00eda el aval del ICO en un 80%. As\u00ed, frente al resto de acreedores que afrontaban el concurso con nulas posibilidades de recuperaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos, las entidades financieras acud\u00edan a ese concurso con un horizonte mucho m\u00e1s halag\u00fce\u00f1o, sabedores de que la deuda la ten\u00edan garantizada en un 80% por el Estado.<\/p>\n\n\n\n

        Pues bien, en fechas recientes la Audiencia Provincial de Pontevedra ha venido a estimar los recursos de apelaci\u00f3n que presentaron las tres entidades financieras afectadas, dejando por tanto sin efecto las sentencias de instancia (v\u00e9ase las SSAP Pontevedra de 8 de marzo de 2024). Pese a lo que pueda parecer, se trata de unas sentencias de la Audiencia impecables y es lo que ya tuvimos ocasi\u00f3n de anticipar en una entrada anterior sobre el tema[2]: por muy reprochable que nos pueda parecer desde el plano \u00e9tico, por mucho que se pueda criticar el dise\u00f1o legal de la financiaci\u00f3n extraordinaria ICO-COVID, los bancos se ajustaban escrupulosamente al R.D.-ley 8\/2020, al aplicar esa financiaci\u00f3n a una de las finalidades expresamente previstas en la norma, que se refer\u00eda a \u201catender necesidades derivadas, entre otras, de la gesti\u00f3n de facturas, pago de n\u00f3minas y a proveedores, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez\u201d (art. 29 R.D.-ley 8\/2020). Por tanto, no hay nada que la rescisi\u00f3n concursal pueda reparar. A fin de cuentas, la garant\u00eda la prestaba un \u201ctercero\u201d (el Instituto de Cr\u00e9dito Oficial), y eso no supon\u00eda gravamen o lesi\u00f3n alguna para la masa activa.<\/p>\n\n\n\n

        Es cierto que obiter dicta<\/em> las sentencias dejan \u201crecados\u201d muy contundentes: \u201cNo corresponde a la jurisdicci\u00f3n civil enjuiciar la correcci\u00f3n de las medidas legislativas en relaci\u00f3n con los fines pretendidos. Que las medidas contribuyeron a que los bancos extinguieran deuda vencida y la sustituyeran, total o parcialmente, por deuda avalada por el Estado, fue el resultado de una opci\u00f3n legislativa que podr\u00e1 analizarse desde m\u00faltiples puntos de vista, pero ninguno relevante para juzgar sobre la procedencia de la acci\u00f3n rescisoria puesta en juego en el proceso<\/em>\u201d. Y es que los juzgados de lo mercantil que conocen del concurso no son competentes para conocer de todas esas otras perspectivas, por lo que ser\u00e1n otras jurisdicciones las que, en su caso, hayan de tomar el testigo.<\/p>\n\n\n\n

        Conclusion<\/h3>\n\n\n\n
          <\/ol>\n\n\n\n

          En suma, podemos apreciar que a\u00fan existe cierta esperanza en el supuesto de que el administrador social se haya visto forzado a avalar personalmente la financiaci\u00f3n extraordinaria que recibi\u00f3 su empresa con aval ICO-Covid. El destino que se le dio en muchos casos a ese pr\u00e9stamo o cr\u00e9dito por parte de las entidades financieras no creemos que ayude, precisamente, a la defensa de su posici\u00f3n ante una eventual demanda de nulidad, total o parcial, de los referidos avales por error vicio en el consentimiento.<\/p>\n\n\n\n

          \n\n\n\n

          [1] V\u00e9ase Algunas reflexiones acerca de la financiaci\u00f3n ICO-Covid cuando la acreditada entra en concurso<\/em>, entrada en \u201cAlmac\u00e9n de Derecho\u201d, 10 de octubre de 2023; o Algunas cuestiones pr\u00e1cticas que suscita la financiaci\u00f3n ICO-COVID en los concursos de acreedores<\/em>, \u201cAnuario de Derecho concursal\u201d n\u00fam. 57\/2022, pp. 85 ss.<\/p>\n\n\n\n

          [2] Algunas reflexiones acerca de la financiaci\u00f3n ICO-Covid cuando la acreditada entra en concurso<\/em>, entrada en \u201cAlmac\u00e9n de Derecho\u201d, 10 de octubre de 2023.<\/p>\n\n\n\n

          \"Fernando
          Fernando Mart\u00ednez Sanz. Fundador Director de Mart\u00ednez Sanz Abogados.<\/em><\/figcaption><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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